La situación de los feriantes que desarrollan su actividad en la Plaza 25 de Mayo de San Fernando del Valle de Catamarca abrió durante los últimos días un debate que excede la permanencia o no de algunos puestos en el principal paseo de la Capital.

En el centro de la discusión aparecen el derecho al trabajo de numerosas familias, la utilización del espacio público, las facultades de control de la Municipalidad y las normas que determinan quiénes pueden desarrollar actividades comerciales en ese lugar.

Durante septiembre se realizaron controles municipales en la plaza y varios vendedores manifestaron haber recibido notificaciones relacionadas con la comercialización de artículos considerados productos de reventa. Los feriantes reclamaron claridad sobre los criterios aplicados y una instancia de diálogo con las autoridades.

La situación adquirió mayor relevancia cuando se informó que más de 50 familias que trabajan en los puestos analizaban recurrir a la Justicia mediante un recurso de amparo para cuestionar la notificación municipal y evitar una eventual remoción mientras se discute una solución.

¿Hay una decisión definitiva de sacar a los feriantes?

Hasta este 21 de septiembre de 2026, no existe públicamente una definición final sobre qué ocurrirá con todas las personas que actualmente realizan actividades de reventa en la Plaza 25 de Mayo.

La secretaria de Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, Mariela Romero, explicó que el Municipio analiza alternativas y que está prevista una instancia de trabajo con Economía Social antes de avanzar en nuevas definiciones.

La funcionaria sostuvo que las medidas forman parte de un proceso de ordenamiento de las actividades desarrolladas en el espacio público y mencionó la posibilidad de reubicar determinadas actividades en otros circuitos municipales.

Esto introduce una diferencia importante frente a algunas interpretaciones que circularon durante las últimas horas: las notificaciones existen, pero el destino definitivo de todos los vendedores alcanzados todavía se encuentra en discusión, de acuerdo con la información pública disponible.

¿Qué dice la normativa?

Uno de los puntos centrales es la Ordenanza Municipal N.º 7732/20, promulgada en enero de 2021.

La norma establece el marco regulatorio de los permisos que otorga la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca para realizar un uso especial de bienes pertenecientes al dominio público municipal.

Su reglamentación, mediante el Decreto N.º 297/2021, atribuye a la Secretaría de Protección Ciudadana funciones relacionadas con los convenios de permiso de uso y el control de las actividades desarrolladas en esos espacios. La reglamentación también contempla específicamente permisos de corta duración vinculados con ferias o eventos particulares.

Sin embargo, tras revisar ambos instrumentos, Política Humana no encontró en esos textos generales una disposición que, en esos términos, establezca expresamente una prohibición absoluta de la reventa en la Plaza 25 de Mayo.

Esto no significa que esa restricción no pueda existir en otro instrumento administrativo, reglamento particular, resolución o condición específica de los permisos otorgados.

Precisamente allí aparece una de las preguntas que todavía debe esclarecerse: ¿cuál es la disposición específica que determina qué puede venderse y qué no en la feria de la Plaza 25 de Mayo?

Dos propuestas diferentes en el Concejo Deliberante

El debate también llegó al ámbito legislativo municipal y actualmente existen diferentes propuestas sobre cómo organizar las actividades comerciales de la plaza.

La concejal Leticia Romero impulsa la creación de un Paseo Municipal de Artesanos, con la intención de priorizar en la Plaza 25 de Mayo la producción artesanal y reubicar a quienes realizan reventa en otros circuitos.

Según lo expresado públicamente por la concejal, aproximadamente el 70% de los puestos correspondería actualmente a actividades de reventa y menos del 30% a artesanos. Esos porcentajes corresponden a lo señalado por la edil y no a un relevamiento independiente realizado por Política Humana. Su proyecto obtuvo despacho favorable de dos comisiones y continuaba bajo análisis con posibles modificaciones.

Existe, además, otra propuesta.

La concejal Eleonora Sopaga presentó una iniciativa que establece una distribución diferente: 70% de los espacios para artesanos y productores locales de Capital, 15% para productores y emprendedores del interior provincial y 15% para vendedores dedicados a la reventa regulada.

El proyecto contempla también un registro municipal y un proceso gradual de regularización de quienes actualmente desarrollan actividades en la plaza.

Esto demuestra que el modelo futuro de funcionamiento de la feria todavía forma parte de una discusión institucional.

El aspecto humano del conflicto

Detrás de ordenanzas, proyectos y procedimientos administrativos existen personas cuya economía cotidiana depende de las ventas que realizan.

Para algunas familias, un cambio de ubicación puede representar mucho más que trasladar físicamente un puesto: también puede modificar la circulación de clientes y, por lo tanto, sus posibilidades de generar ingresos.

Al mismo tiempo, la Municipalidad tiene facultades y responsabilidades sobre la utilización del espacio público y debe establecer condiciones relacionadas con circulación, accesibilidad, convivencia y autorización de actividades económicas.

Por eso, el conflicto no necesariamente puede resumirse como una disputa entre “Municipio contra feriantes”.

Existen derechos, obligaciones y responsabilidades diferentes que deberán compatibilizarse.

Las preguntas que todavía necesitan respuesta

Para comprender completamente la situación todavía hay información que debería hacerse pública.

Entre las principales preguntas aparecen:

¿Cuál es exactamente la norma o reglamentación que establece las restricciones a la reventa en la Plaza 25 de Mayo?

¿Qué tipo de notificación recibió cada vendedor y qué plazo contiene?

¿Cuántas personas están efectivamente alcanzadas por la medida?

¿Cuántos feriantes cuentan actualmente con permisos municipales y bajo qué condiciones fueron otorgados?

¿Qué alternativas concretas de reubicación existen?

¿Habrá una instancia formal de diálogo entre Municipio, feriantes, artesanos y comerciantes?

Y también deberá conocerse qué ocurre con el recurso judicial anunciado por los vendedores y si finalmente fue presentado.

INFORMAR ANTES QUE CONFRONTAR

El caso de los feriantes de la Plaza 25 de Mayo muestra que detrás de una decisión administrativa pueden coexistir distintas realidades.

Hay trabajadores que buscan preservar su fuente de ingresos. Hay artesanos que reclaman un espacio diferenciado para sus producciones. Hay comerciantes establecidos alrededor de la plaza. Y existe un Municipio responsable de administrar uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

La discusión continuará en los próximos días.

Desde Política Humana seguiremos buscando documentación, consultando a las distintas partes y explicando qué establece cada norma.

Porque antes de tomar posición frente a un conflicto público resulta fundamental conocer los hechos, las reglas y las personas que existen detrás de ellos.